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Justicia Penal

 

Estadísticas

Encarcelamiento en masa: Los Estados Unidos tienen el cinco por ciento de la población mundial, pero casi un cuarto de todos los presos del mundo. En 1973, las prisiones federales y estatales de los Estados Unidos contenían a 200,000 adultos. En 2009, esa cifra era de 1.5 millones, más 700,000 encerrados en cárceles locales, haciendo un total de 2.23 millones. Casi 1 de cada 100 adultos en los Estados Unidos está en prisión o en la cárcel, la tasa de encarcelamiento más alta de la Tierra, de lejos. Esto se debe en gran parte a políticas en materia de sentencias tales como sentencias de prisión mínimas obligatorias por delitos no violentos.1

Pena de muerte: Los Estados Unidos son una excepción entre los países industrializados occidentales por su uso de la pena de muerte. Desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976, 1,412 personas han sido ejecutadas en los Estados Unidos. En 2014, 35 personas fueron ejecutadas en los Estados Unidos. El año con mayor número de ejecuciones en los Estados Unidos fue en 1999, con 98 ejecuciones.2 Desde 2007, siete estados de los Estados Unidos han abolido la pena de muerte, con lo que el número total de estados que prohíben la práctica son 19 de 50. Las sentencias de muerte en los Estados Unidos están en su nivel más bajo desde 1976.

La enseñanza de la Iglesia

Los obispos de los Estados Unidos también han estado pidiendo justicia restaurativa. En su declaración pastoral de 2000, Responsabilidad, rehabilitación y restitución: La perspectiva católica de la delincuencia y la justicia penal, los obispos declararon, “Tal como Dios nunca nos abandona, también nosotros debemos estar en mutua alianza. Todos somos pecadores y nuestra respuesta al pecado y los defectos no debe ser el abandono y la desesperación, sino por el contrario la justicia, la contrición, la reparación y el retorno o reintegración de todos a la comunidad”.

En 2005, los obispos de los Estados Unidos lanzaron una campaña para poner fin a la pena de muerte, e instaron a la gente en una carta pastoral a construir “una cultura de la vida en la que nuestra nación no trate ya de enseñar que es malo matar matando a los que matan. Este ciclo de violencia nos denigra a todos”. En un mensaje publicado en julio, los obispos renovaron su compromiso con la campaña para poner fin al uso de la pena de muerte.

Los obispos han señalado constantemente la injusticia implícita en el hecho de que tanto el encarcelamiento en masa como la pena de muerte afectan desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos y minoritarias.

Recomendaciones de política

Además de abogar por la abolición de la pena de muerte, los obispos de los Estados Unidos también piden al Congreso de los Estados Unidos que promulgue legislación para reformar el obsoleto sistema de justicia penal estadounidense. Recientemente, los obispos ofrecieron los siguientes principios y prioridades para la reforma:

Reforma en materia de sentencias:

  • Restaurar las sentencias proporcionales. Con demasiada frecuencia, hay gente que está cumpliendo sentencias excesivamente largas incluso por delitos no violentos. Ampliar las actuales opciones de sentencias judiciales específicamente por delitos de drogas no violentos;
  • Permitir reducciones en las sentencias mínimas obligatorias por delitos de drogas no violentos y permitir que las personas que infrinjan las leyes sobre cocaína crack busquen retroactivamente sentencias más leves en virtud de la Ley de Sentencias Justas de 2010;
  • Ampliar los créditos de tiempo ganado por buena conducta. Los presos que han cometido delitos no violentos deben poder reducir la duración de sus sentencias participando con éxito en programas de reducción de la reincidencia y de reintegración.

Contrarrestar la reincidencia

  • Promover y apoyar programas de reducción de la reincidencia y de reintegración de los que regresan a la sociedad, tales como: formación profesional y ocupacional, salud mental y tratamiento de abuso de sustancias, ayuda para encontrar vivienda y empleo, mentoría y orientación en habilidades para la vida, y clases de disuasión de la violencia doméstica;
  • Eliminar las barreras que impiden el acceso al Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y Ayuda Federal para Estudiantes a individuos que estuvieron encarcelados para que puedan satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su educación;
  • Promover asociaciones con organizaciones religiosas y comunitarias y sin fines de lucro para ofrecer programas y servicios de reducción de la reincidencia. 

Legislación

Los obispos de los Estados Unidos, a través de sus oficinas de políticas y relaciones con el gobierno, abogan por políticas para reformar el sistema de justicia penal. Algunos ejemplos de esto son:

  • La Ley CORRECTIONS de 2015 (S. 467), que permitiría a los encarcelados reducir la duración de sus sentencias participando en programas contra la reincidencia;
  • La Ley de Sentencias Más Inteligentes (S. 502, H.R. 920): Propone reformas modestas pero importantes a las sentencias mínimas obligatorias permitiendo reducciones para ciertos delitos de drogas y amplía las actuales opciones de sentencias judiciales por delitos de drogas no violentos;
  • La Ley de Reautorización de la Segunda Oportunidad de 2015 (S. 1513): Autoriza el financiamiento de programas estatales y federales que ayudan a las personas que salen de prisión a reintegrarse en sus comunidades en formas productivas y humanas para que no vuelvan a prisión.
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  1  “The meteoric, costly and unprecedented rise of incarceration in America”, The Washington Post, 30 de abril de 2014, reportando sobre el artículo “The Growth of Incarceration in the United States: Exploring Causes and Consequences”, National Research Council, 2014.
   2   Death Penalty Information Center, http://www.deathpenaltyinfo.org/executions-year


 



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